En 2001, el Relator Especial sobre la venta de menores, prostitución y pornografía
infantil informó que 56 menores y jóvenes bolivianos de entre 9 y 20 años de edad estaban
siendo retenidos bajo guardia armada, recibiendo sólo una comida al día y forzados a trabajar
en cuatro fábricas clandestinas donde se explota a los trabajadores en la zona de la Matanza. Habían sido ilegalmente traídos a la Argentina en camiones, luego
de haber sido sedados.
Esto resultó ser parte de un problema mayor de trata para el trabajo forzoso.
En octubre de 2005, fueron dejados en libertad 17 bolivianos que se encontraban en una
fábrica textil en Buenos Aires, la cual pertenecía a Juan Carlos Salazar Nina. La oficina de la Defensoría del Pueblo C.AB.A., OIM y una organización comunal local llamada La Alameda
ayudó a trabajadores migrantes a presentar cargos contra Salazar por trata y trabajo forzoso.
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